Viernes 14 de Junio 2019
"Minería Responsable."
Evento:
Juez ordena que concesión de una mina dependa de una consulta en comunidades
Empresas mineras que operan en México alertan sobre el precedente que está generando un tribunal de Puebla, el cual estaría calificando de facto que todas las concesiones de minas que se han otorgado en el país son ilegales.
En abril, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla emitió una resolución por la cual obliga a la firma canadiense Almaden Minerals, la cual lleva un proyecto de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, a realizar una consulta previa con comunidades existentes, en predios que están fuera del territorio que abarca la concesión.
Aunque la Ley Minera no contempla el requisito de la consulta previa en las comunidades en la fase de exploración; la juez instó al Congreso de la Unión a reformar la misma ley, para que previo al otorgamiento de una concesión, se realice una consulta con las comunidades indígenas.
De mantenerse esta sentencia todas las concesiones mineras que se han entregado en el país serían ilegales.
Actualmente, la industria minera representa 2.5 por ciento del PIB nacional y 8.3 por ciento del PIBindustrial. Emplea de manera directa a 379 mil personas e indirecta a casi 2 millones. Su aportación fiscal fue de más de 46 mil millones de pesos en 2018.
La determinación del Juzgado obedece a un amparo interpuesto por pobladores de la comunidad Tecoltemi, apoyados por una ONG extranjera que, también, tuvo un papel relevante en el “No” al NAIM y ha promovido un amparo de la comunidad de Bacanuchi, en Sonora, contra del proyecto Buenavista del Cobre.
Por Ender Marcano
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