15 de Febrero del 2022
Tras el debate sobre mina en Ixtacamaxtitlán, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría modificar la Ley Minera sobre la obligatoriedad de la consulta a las comunidades.
"Minería Responsable."
Evento:
Al menos 12 comunidades indígenas, que tendrán un impacto directo en el proyecto de una mina de oro y plata en la zona de Ixtacamaxtitlán, Puebla, apoyan el proyecto que mantiene en vilo a la industria en el país.
Pero la comunidad de Tecoltemi, de 120 habitantes, ubicada en la Sierra Norte de Puebla, aunque está a ocho kilómetros, puso en jaque a la industria minera en México, al llegar su demanda de amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con la sentencia que dicten los ministros el próximo miércoles, se podría modificar la Ley Minera en el país, sobre la obligatoriedad de la consulta a las comunidades.
Los pobladores de la comunidad de 120 personas, auspiciados por una asociación civil, alegaron ante los tribunales que no fueron consultados para la extracción.
En su defensa, la Minera Gorrión alega que no están en el perímetro de impacto de las extracciones mineras proyectadas, que abarca 12 pequeñas comunidades, las que si están de acuerdo.
La Minera
En entrevista a Intolerancia Diario, Daniel Santamaría Tovar, Vicepresidente de Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, afirmó que aún sin ninguna legislación que los obligara, informaron de los trabajos que se harían a las comunidades de dicha zona.
Explicó que, a lo largo de 20 años, han trabajado en la región, viendo la viabilidad de la extracción de los metales, tiempo que aprovecharon para informar a los pobladores de los trabajos.
“Ninguna concesión no ha sido consultada, porque no hay legislación que lo pida, porque no tienes impacto”, dijo, “claro que queremos hacer la consulta, el elemento es el tiempo, ¿en qué momento se tiene que hacer la consulta?”, cuestionó.
Y es que detalló que es imposible hacer la consulta que deberían hacer las autoridades a las poblaciones cuando se otorga la concesión, simplemente porque no se sabe qué zona es viable para la mina.
Refirió que, para la empresa, la consulta es algo importante y permanente, por lo que se montó una estrategia desde que llegaron a la zona en el año 2003, cuando recibieron los permisos de exploración.
Refirió que la concesión se dio para un perímetro de 14 mil hectáreas, sin embargo, solo se reconoció una viabilidad de explotación minera de oro y plata en 500 hectáreas.
De este modo, la comunidad de Tecoltemi no fue informada o consultada de la explotación, ya que no se encuentra en la zona de impacto directo, reconoció el directivo Santamaría Tovar.
Sin embargo, aclaró que no hay ninguna ley que los obligara a consultar a una comunidad alejada, en este caso, ocho kilómetros, caso contrario a las que si convivirán con la mina, las que si han aceptado.
Dijo que la determinación de la SCJN será de un impacto sin precedentes para la industria, en caso de que se les ordene frenar el proyecto, por el cual han invertido más de 40 millones de dólares en 20 años, gran parte en capital humano.
“Por medio de diálogo comunitario, se ha informado a las personas, consultando, explicando, preguntando”, dijo al referir que siempre ha sido importante para la minera ver el impacto social.
Dijo que hay que tener la atención del país, ya que la sentencia que dicte la SCJN podría derivar en que cualquier concesión minera quedaría a la deriva, lo que afectaría grandes inversiones.
El otorgamiento de concesiones mineras es administrativo, porque cuando se obtiene, no se sabe qué se va a encontrar, por lo que hay una enorme cantidad de estudios y de viabilidad económica, explicó.
Por lo tanto, dijo Daniel Santamaría, el contacto es real diario y de confianza con la gente directamente inmiscuida en las comunidades.
De este modo, refirió que la comunidad de 120 habitantes está decidiendo por 123 comunidades que sí quieren otorgar el derecho de explotación minera.
Aseguró, que como empresa, están de acuerdo a la consulta a las comunidades, pero en este caso se confundió y se manipuló, porque se está consultando a una comunidad que no tiene impacto.
“No existe un precedente a nivel nacional, si esto fuera posible, nunca se han consultado porque es acto administrativo, una concesión, pero se confunde”, dijo.
¿En peligro inversiones?
-Visibilizarían del estado mexicano para este tipo de inversiones, el tema es que se consulte cuando tengas un impacto.
“Hacemos un llamado a la Corte que lo estudien a detalle, ha habido manipulación del concepto de consultas, no es un tema binario, consulta indígena por proyecto. Tiene que haber evaluación de parámetros y evaluaciones".
-La bandera es que son proyecto de muerte, ¿qué les dice?
Los proyectos que se hacen tienen evaluación de impacto social y derechos humanos, que escuchen que el proyecto sea de beneficio para todos, con derrama económica para mucha gente.
“Siendo un proyecto que ha hecho grandes esfuerzos en la parte social, no puedan reconocerse los esfuerzos, seguimos trabajando proyecto con la comunidad”, afirmó.
Asimismo, refirió que en el proceso de evaluación y de escuchar las preocupaciones de la gente, en 2017, modificaron la instalación de una presa de jales.
Explicó que el procedimiento de presa de jales fue eliminado, sitio donde terminan los residuos de la extracción minera, un método común a nivel internacional para los residuos.
Refirió que ahora, el proyecto contempla que los residuos sean tratados con el método de Jales Filtrados, el que en lugar de salida con lodo en una captación, se pasa por secado, filtrado y sale una arena, la que se puede revolver como tepetate y compactar.
“Es un elemento más costoso, por el secado, pero se asume porque la comunidad esté más tranquila”, dijo finalmente.
El amparo
Pobladores del Tecoltemi, ejido ubicado en la Sierra Norte de Puebla, llegaron paso a paso al máximo tribunal del país, el que tiene que decidir si cancela dos concesiones de 14 mil 229 hectáreas otorgadas por el Gobierno en 2003 y 2009 a la canadiense Almaden Minerals.
Incluso, podría declarar inconstitucionales algunos artículos de la Ley Minera por violar los derechos de los pueblos indígenas.
Loe ejidatarios acusaron o alegaron en los tribunales, que nadie avisó que su territorio estaba siendo concesionado ni de que pronto podrían ser vecinos de una mina a cielo abierto.
Por medio de una solicitud de información en 2015, se percataron que sus terrenos cruzaban dos concesiones con una vigencia de 50 años, prorrogables hasta por un siglo.
La canadiense Almaden Minerals, con sede en Vancouver, en 2018 confirmó el potencial de la zona, que son 73 millones de toneladas de mineral, que incluían oro y plata.
El colectivo #CambiémoslaYa, integrado por comunidades, organizaciones y académicos, afirmaron a medios locales, que la Ley Minera es un marco legal que violenta los derechos de los pueblos al permitir las concesiones mineras en sus territorios, sin haber sido consultados previamente.
“Por medio de diálogo comunitario, se ha informado a las personas, consultando, explicando, preguntando”.
Daniel Santamaría en @IntoleranciaID sobre la discusión de la #LeyMinera en la @SCJNMexico 📰👇
NOTA:
https://intoleranciadiario.com/articles/especiales/2022/02/14/991740-tecoltemi-comunidad-poblana-quemantiene-en-vilo-la-industria-minera-en-mexico.html